EDITORIAL DEL DIARIO DE NOTICIAS
La decisión sobre la reapertura de la central y su conversión en almacén nuclear se desarrolla en un clima de oscurantismo que adelanta las intenciones del PP y queda pendiente del nuevo Gobierno que resulte elegido en Madrid.
La inquietud que generó en la sociedad la precipitada autorización de un almacén nuclear para la central de Garoña -lo que hace más que probable su reapertura si el PP sigue gobernando- ha puesto en marcha de nuevo la movilización y el debate social sobre la energía nuclear y sobre la permanencia en activo de una planta con reiterados fallos de seguridad los fallos de seguridad -la más cercana a Navarra-, con el reactor más antiguo de los ocho operativos en el Estado, cuya vida útil de 40 años expiró en 2009. El futuro de la controvertida y obsoleta planta nuclear es uno de los muchos asuntos que estaba en juego en las pasadas elecciones del 20-D y que depende en gran medida del Gobierno que resulte elegido. A pesar de la preocupación extendida en la sociedad alavesa -con incidencia también en las zonas más próximas de Navarra-, no ya sobre el debate de la energía nuclear, sino ante el serio riesgo de seguridad que presenta la vieja central burgalesa -más que amortizada al haber sobrepasado con creces los 40 años de vida útil-, y a pesar de la abierta oposición social e institucional, el lobby energético y el PP parecen empecinados en reabrir Garoña a cualquier precio. La reciente concesión por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, prácticamente en el tiempo de descuento de la Legislatura, de los permisos para la construcción de un almacén de residuos radiactivos, lo que se sumó a la confirmación de que Nuclenor ya ha culminado la puesta a punto que se le exigía para prolongar su licencia, adelanta la posición de partida del PP, que podría incluso avalar la reapertura de las instalaciones aprovechando su situación de en funciones y pese a que la mayoría política en el nuevo Congreso es contraria a ello. Sería un nuevo golpe democrático de los intereses de las grandes energéticas a la voluntad política muy mayoritaria de la sociedad. La construcción de este almacén significaría un paso previo a la prolongación del funcionamiento de Garoña. Asimismo, este almacén supone una alternativa al cementerio nuclear que el Gobierno del PP había previsto en la localidad manchega de Villar de Cañas, paralizado al haber sido cuestionado por el Consejo de Seguridad Nuclear. En todo caso, todo el proceso se lleva desde un absoluto secretismo impuesto por el propio CSN, que ha declarado confidenciales -y por tanto, vetados a otras instituciones y a la opinión pública- todos los informes vinculados a la reapertura de la planta nuclear de Garoña.
Publicado por Diario de Noticias